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LOS PUNTOS CIEGOS DE LA ESTRATEGIA

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Lic. Luis Fernando Guzmán Sámano.


La estrategia puesta en marcha por el Gobierno federal para combatir la delincuencia en la zona de Tierra Caliente de Michoacán presenta puntos ciegos.

 

Las ejecuciones no han parado, es evidente el avance y multiplicación de los grupos de autodefensa, así como la portación -por parte de sus miembros- de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y fuerza aérea; además va en aumento el robo a transeúntes y de vehículos; todo ello a pesar de que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong declaró enfáticamente al inicio del operativo que en Michoacán se aplicaría –sin distingo- todo el rigor de la ley a quien la infringiera.

 

Sin embargo bastó tan solo un temprano incidente en el municipio de Antúnez donde, luego de un forcejeo con militares, fallecieron tres civiles (integrantes de los grupos de autodefensas), para que la Federación desistiera del inicial propósito de aplicar la ley a raja tabla y con el mismo racero para todos, y orientara la estrategia hacia las detenciones, pero ya no las ocurridas en flagrancia, sino preferentemente a las que se verificaban en ocasión del cumplimiento de mandamientos judiciales de captura. 

 

Así mismo se dio pasó a la negociación con los alzados. Negociar con las autodefensas es un punto ciego de la estrategia porque se dijo que ello nunca ocurriría. Por el contrario, las autoridades federales siempre arengaron con la aplicación implacable de la ley para conseguir el fortalecimiento del Estado de Derecho y rechazaron la negociación con delincuentes.

 

Otro punto ciego de la estrategia es la inclusión de las autodefensas a la estructura del Estado, a través de las guardias rurales. De acuerdo al discurso oficial, ya son más de quinientos los que han registrado sus armas y manifestado la intención de formar parte de esa fuerza federal. Sin embargo, en este contexto, la Secretaría de Gobernación se había pronunciado, por un lado, por el fortalecimiento de las instituciones, lo que seguramente no ocurrirá llevando a la estructura estadual a subversivos improvisados. Por otro, la Federación encontró en el argumento de la no acreditación de los exámenes de control y confianza el argumento infalible para deshacerse, sin mayor responsabilidad laboral, de cierto personal que se desempeñaba en esas áreas de la administración pública, sin cumplir del todo –según los resultados de esa evaluación- con el perfil requerido. Empero cómo podrá justificarse ahora el alta de tales miembros en las guardias rurales cuando, manifiestamente son sujetos activos en diversos delitos; díganlo si no la portación de armas de fuego proscritas por la ley, la pertenencia a grupos de la delincuencia organizada, los homicidios presuntamente perpetrados por ellos en contra de sus rivales y el saqueo y ocupación de diversos inmuebles que –a su decir- pertenecían a la banda contraria. 

 

Así, el movimiento de autodefensas que en sus inicios fue parte de la solución, acabó siendo parte del problema al incidir en otro punto ciego, instaurar juicios sumarios en contra de quienes ellos estiman son parte del crimen organizado, sirviéndoles como pruebas de condena simples testimonios inidóneos.

 

Pero el mayor de los puntos ciegos de la estrategia es la indefinición en la temporalidad del operativo y saber qué pasará cuando las fuerzas federales abandonen Michoacán. Acaso será mejor registrarse como guardias rurales para auto protegernos. En fin…

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