LOS MIEDOS DEL JEFE DIEGO

Lic. Luis Fernando Guzmán Sámano.

Sobre el secuestro de Diego Fernández de Ceballos (Querétaro, 2010), existieron mil hipótesis. Una, que se trataba de una venganza política; otra que le atribuía la autoría a la guerrilla que operaba en Guanajuato y Querétaro; y, una más, que imputaba el hecho a la delincuencia organizada.

La realidad de los hechores fueron delincuentes clasificados como secuestradores urbanos o profesionales, cuyo único objetivo fue puramente económico. El modus operandi en el caso del jefe Diego, fue muy similar a un plagio ocurrido en Michoacán en 2005, en el que la víctima fue un conocido agricultor de la región de Zinapécuaro, quien permaneció en cautiverio cerca de un año y  otro plagio perpetrado sobre el hijo de un importante empresario de San Luis Potosí, que se prolongó por nueve meses. En ambos casos, el pago del rescate fue cuantioso.

La captura de Daniel Fernández Domínguez, de 36 años, alias El Pelacas, autor intelectual y material del secuestro del jefe Diego, deriva de la declaración de un miembro de la delincuencia organizada apodado El Compayto, quien lidereaba un grupo del criminales. En relación con esa captura, Diego Fernández de Ceballos declaró a los medios de comunicación que él no lo puede identificar por que no lo vio. Acaso nunca escuchó a su plagiario para tener elementos e identificarlo por su voz. La realidad es que el jefe Diego, ese hombre bravucón y pendenciero, en esta ocasión tuvo un justificado miedo.

Es casi seguro que su temor derive de su falta de confianza en el sistema del que él mismo fue parte y de su experiencia como abogado que le permite anticipar que el autor del crimen pudiera salir de la cárcel libre –a pesar de contar con diez órdenes de aprehensión- y que aún hay cómplices que no han sido capturados.

El miedo de Diego también deriva de sus obligaciones procesales de acudir frecuentemente al juzgado para el desahogo de pruebas a su cargo.

Allí es donde la autoridad debería de enfocar sus propósitos, en terminar con los miedos de las víctimas y sus familias, y recobrar la confianza de la ciudadanía hacia las autoridades. El Estado tiene la obligación de crear políticas públicas en ese sentido. La cruzada no es fácil, pero por desgracia es la única manera de erradicar el fenómeno del plagio.